VALORACION DE BIENES INMUEBLES PUBLICOS O DEL ESTADO POR GOODS & SERVICES CONSULTING S.A.S

En el presente documento hablaremos sobre la valoración de bienes inmuebles públicos o del Estado, ofreciendo un recorrido detallado para comprender su definición y relevancia dentro del sector. Los invitamos a acompañarnos en este análisis exhaustivo, donde exploraremos las diversas categorías de bienes inmuebles, su clasificación y las características distintivas que los definen. Asimismo, examinaremos los métodos y criterios empleados para su valoración, destacando su importancia en la administración y planificación eficiente de los recursos públicos. Este estudio permitirá entender la gestión del patrimonio estatal y subrayará la trascendencia de una evaluación precisa en el contexto de la transparencia y eficiencia gubernamental.

Los bienes son cosas corporales e incorporales. Las corporales es la que uno puede percibir con los sentidos, como un libro o una casa y las incorporales son las que se arraigan de meros derechos como créditos  o una patente. Existen varias tipos de bienes que se pueden clasificar de distintas manera, pero las más comunes son:

Bienes inmuebles: son fijados al suelo de forma permanente, casa, edificio o un terreno

Bienes muebles: se trasladan de un lugar a otro sin alteración a su naturaleza o de su lugar, por ejemplo, mesa, silla, vaso

Bienes de uso público:  son de propiedad del estado y se encuentran a disposición para todos los ciudadanos, carreteras, parques

En vista de lo anteriormente expuesto, resulta pertinente introducir un enfoque más exhaustivo sobre los bienes inmuebles y los bienes de uso público. Dicho enfoque permitirá comprender de formar más precisa la valoración de estos clases de bienes y su importancia en el contexto de la propiedad y el uso colectivo. Los bienes inmuebles del Estado se clasifican en varias categorías, entre las cuales destacan los bienes inmuebles por destinación y los bienes inmuebles por adhesión. Se puede decir que la correcta valoración de estos bienes permite una adecuada administración y planificación de los recursos públicos.

Bienes Inmuebles por Destinación: Son inmuebles destinados permanentemente al uso y beneficio del inmueble, como losas de pavimento, tubos de cañerías, utensilios de labranza o minería, y máquinas industriales adheridas al suelo.

Bienes Inmuebles por Adhesión: Son aquellos que, al estar permanentemente adheridos al inmueble, pierden su calidad de muebles y se convierten en inmuebles. Se caracterizan por: a) perder su individualidad; b) perder movilidad; y c) no poder separarse fácilmente. Los inmuebles por adhesión como su nombre lo indica se adhieren al inmueble posteriormente o también en el momento de la construcción del mismo, eso depende del alcance y de cual es el objeto de su desarrollo.

De acuerdo con la definición de inmuebles por adhesión, los bienes muebles se incorporan como adición o mejora de un bien inmueble siempre que cumplan con las características establecidas. Estos bienes se reconocen como mayor valor del bien inmueble y afectan el cálculo futuro de la depreciación de las propiedades, planta y equipo, tales como establos, casetas, construcciones y edificaciones.

La valoración de los bienes del Estado constituye un proceso fundamental que permite establecer el valor económico de los activos públicos, facilitando así una administración eficiente y transparente. Este proceso adquiere especial relevancia cuando se trata de bienes inmuebles y bienes de uso público, los cuales poseen características y funciones específicas dentro del patrimonio estatal.

• Bienes de uso público: Estos bienes son de dominio público que pertenecen a la nación, y que están destinados al uso de todos los habitantes del país, es decir que son inalienables, imprescriptibles e inembargables. Por ejemplo: parques, puentes, playas, zonas verdes, entre otros.

Los bienes inmuebles públicos, en su mayoría, están destinados para el uso y disfrute de la colectividad y permanecen al servicio de ésta en forma permanente. La valoración de estos bienes considera las limitaciones establecidas por el ordenamiento jurídico y las normativas que regulan su utilización. Además, los gastos para la adquisición de bienes que se consideran inmuebles por adhesión o destinación se encuentran registrado como un mayor valor del bien, siempre que estos puedan ser desarticulados sin perjuicio y tengan un periodo de vida útil superior a un año.

La valoración de bienes del Estado, especialmente inmuebles y bienes de uso público, es un proceso fundamental para la gestión eficiente de los recursos públicos. Este enfoque permite una administración transparente y responsable, garantizando que los activos estatales se utilicen de manera óptima en beneficio de la colectividad y contribuyan al desarrollo sostenible del país.

La naturaleza especializada de los activos de propiedad operativa, especialmente la falta de un mercado y otros usuarios potenciales, influye en su medición. El principal objetivo de la mayoría de las entidades del sector público es proporcionar servicios al público, en lugar de obtener beneficios y generar rendimientos de capital para los inversores. A causa de lo que antes se ha dicho, los activos se mantienen más frecuentemente por su potencial de servicio que por su capacidad para generar flujos de efectivo. Aunque las normas de valoración indican que el uso óptimo y más adecuado de los activos no financieros debe considerar el uso del activo que sea físicamente posible, legalmente permisible y financieramente factible, el uso más alto y mejor se determina desde la perspectiva de los participantes del mercado, incluso si la entidad tiene una intención de uso diferente.

Una valoración precisa y actualizada de los bienes inmuebles públicos permite a los responsables de su gestión tomar decisiones informadas con respecto al uso, mantenimiento y disposición de estos activos. Esta práctica no solo asegura el aprovechamiento óptimo de los recursos disponibles, sino que también promueve la igualdad en su distribución, garantizando que los beneficios derivados de su uso se extiendan a toda la población.

El enfoque integral de la valoración de bienes inmuebles del Estado tiene un impacto positivo en diversos ámbitos, desde la planificación urbana y el desarrollo sostenible hasta la promoción del bienestar general de la sociedad. Al contar con un registro detallado y preciso de los bienes inmuebles, es posible realizar una administración más efectiva, optimizando el uso de los recursos y asegurando su conservación y aprovechamiento a largo plazo.

Los beneficios de la valoración de bienes inmuebles públicos o del Estado son numerosos y esenciales para la gestión adecuada de los recursos estatales. En primer lugar, permite una administración transparente y responsable de los activos, asegurando que se utilicen de manera óptima en beneficio de la colectividad. Igualmente, esta práctica garantiza que las decisiones sobre el uso, mantenimiento y disposición de los bienes inmuebles se tomen de manera informada y justificada, promoviendo así la igualdad en la distribución de los beneficios derivados de su uso.

Otro beneficio clave es la contribución de la valoración a la planificación urbana y el desarrollo sostenible. Al contar con un registro detallado y actualizado de los bienes inmuebles, las autoridades pueden diseñar y ejecutar planes de desarrollo que maximicen el uso de estos recursos, impulsando el bienestar general de la sociedad. Asimismo, la valoración precisa de los bienes inmuebles públicos facilita la respuesta a las demandas crecientes de servicios y mejora los estándares de informes solicitados.

En conclusión, la valoración de los bienes inmuebles públicos constituye un proceso esencial que impacta de manera directa en la administración eficiente de los recursos del Estado. Este proceso no solo facilita una gestión responsable y transparente de los activos estatales, sino que también contribuye significativamente al desarrollo económico y social del país, también atender la demanda creciente de servicios y ofrecer los estándares de informes mejorados solicitados. Esto establece las bases para el desarrollo y crecimiento futuros necesarios para cumplir con las necesidades de los clientes.