Categorías del RAA: Qué Bienes Puede Avaluar Legalmente cada Perito (Ley 1673 de 2013)
Un informe de avalúo comercial puede exhibir una redacción impecable, gráficos de alta resolución, fotografías nítidas y cuadros estadísticos minuciosos; sin embargo, desde la perspectiva estrictamente jurídica y procesal colombiana, puede carecer por completo de valor probatorio y validez legal si quien lo suscribe no se encuentra legalmente facultado para tasar esa tipología específica de activo. En el ordenamiento jurídico de Colombia, la práctica valuatoria dejó de ser una actividad de libre ejercicio informal para transformarse en una profesión formalmente regulada sujeta a un régimen estricto de habilitación por especialidades.
La columna vertebral de este sistema es la Ley 1673 de 2013 (conocida como la Ley del Avaluador) y su norma reglamentaria matriz, el Decreto 556 de 2014. Dicha arquitectura legal instituyó el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) y delimitó el ejercicio técnico a través de un esquema de 13 categorías oficiales. Este diseño normativo impide que un profesional con formación exclusiva en finca raíz urbana pretenda emitir dictámenes vinculantes sobre maquinaria pesada, obras de arte, bosques nativos o marcas comerciales corporativas.
Con la expedición de la Resolución IGAC 941 del 31 de julio de 2026, este requisito adquiere una severidad procesal ineludible: el Artículo 5 numeral 6 consagra el principio de profesionalidad y competencia obligatoria, mientras que el Artículo 14 numeral 13 impone como anexo obligatorio e indelegable el certificado RAA vigente donde conste la categoría exacta requerida para el avalúo. Omitir este control expone a bancos, fiducias, juzgados y empresarios a costosas nulidades, tachas por error grave y pérdidas patrimoniales millonarias.
Principio de Especialidad e Idoneidad Legal (Ley 1673 de 2013)
La inscripción en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) no opera como una tarjeta profesional universal ni como una habilitación ilimitada. Conforme al Decreto 556 de 2014 y la Resolución IGAC 941 de 2026 (Art. 5 num. 6 y Art. 14 num. 13), el perito únicamente puede tasar los bienes que correspondan a las categorías expresamente certificadas y activas en su registro. Un avalúo sobre maquinaria, predios rurales, obras de arte o intangibles emitido por un avaluador con habilitación exclusiva en inmuebles urbanos adolece de nulidad pericial insubsanable.
Tabla de Contenido del Dictamen Pericial
- Marco Jurídico: Ley 1673 de 2013, Decreto 556 de 2014 y Res. 941 de 2026
- ¿Qué es el RAA y Cómo Operan las Entidades de Autorregulación (ERAs)?
- Las 13 Categorías Oficiales del RAA y Bienes que Comprende Cada Una
- Matriz de Incompatibilidad: Errores Frecuentes y Límites Profesionales
- Valoración de Activos Mixtos: Reglas de Co-firma y Lotes Homogéneos
- Diagrama Metodológico: Ruta de Verificación de Idoneidad Pericial en 5 Pasos
- Régimen Disciplinario, Responsabilidad Civil y Consecuencias de Nulidad
- Casos Prácticos de Intrusismo, Tachas Judiciales y Riesgo Financiero
- Preguntas Frecuentes con Respaldo Normativo
- Conclusiones y Aseguramiento Técnico Corporativo
1. Marco Jurídico: Ley 1673 de 2013, Decreto 556 de 2014 y Res. 941 de 2026
Hasta antes del año 2013, el mercado de los avalúos en Colombia presentaba una preocupante dispersión e informalidad. Cualquier persona con conocimientos empíricos de construcción o corretaje inmobiliario podía firmar una tasación con escaso o nulo control de calidad. Dicha situación vulneraba gravemente la seguridad jurídica del sistema financiero, las decisiones judiciales y las cuentas fiscales del Estado.
Para subsanar esta falencia estructural, el Congreso de la República expidió la Ley 1673 de 2013, cuyo objeto primordial fue regular la actividad del avaluador, consagrar su régimen de responsabilidad civil, establecer el código de ética profesional y estructurar un mecanismo de autorregulación supervisado directamente por el Estado a través de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
Posteriormente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 556 de 2014, mediante el cual se reglamentó de forma integral la ley y se crearon los pilares operativos vigentes:
- Creación del RAA: Registro único, público y oficial de los avaluadores autorizados para ejercer en el territorio nacional.
- Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERAs): Organizaciones de carácter privado autorizadas por la SIC para evaluar la idoneidad, inscribir a los peritos y ejercer control disciplinario sobre sus miembros.
- Clasificación por Categorías: Segmentación técnica que agrupa los bienes según su naturaleza física, económica y metodológica, exigiendo competencias específicas para cada una.
- Código General del Proceso (Ley 1564 de 2012): Sus Artículos 226 a 228 disponen que los peritajes en estrados judiciales sólo pueden ser rendidos por profesionales idóneos, presumiéndose la idoneidad valuatoria exclusivamente a través de la inscripción vigente en el RAA en la categoría pertinente.
Finalmente, la Resolución IGAC 941 de 2026 armonizó la regulación catastral y comercial con este esquema, determinando en sus Artículos 5, 14 y 42 que ninguna entidad pública ni privada puede aceptar avalúos comerciales que no cuenten con el debido soporte del certificado RAA en la subespecialidad requerida.
2. ¿Qué es el RAA y Cómo Operan las Entidades de Autorregulación (ERAs)?
El Registro Abierto de Avaluadores (RAA) es el censo profesional oficial de la valuación en Colombia. Se le califica como ‘abierto’ por dos razones esenciales: en primer lugar, porque cualquier ciudadano que demuestre los títulos académicos, la experiencia práctica y apruebe las pruebas de competencias puede acceder a él; y en segundo término, porque su consulta es 100% pública y gratuita para cualquier usuario, permitiendo verificar en segundos la idoneidad de un perito.
La administración y custodia del RAA no la ejerce directamente un ministerio, sino las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERAs), entre las cuales destacan la Corporación Autorregulador Nacional de Avaluadores (A.N.A.), la Asociación Nacional de Avaluadores (ANAV) y Fedelonjas. Estas entidades operan bajo la vigilancia de la Delegatura para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal de la Superintendencia de Industria y Comercio.
Para que un profesional obtenga y conserve su inscripción en el RAA ante una ERA, debe someterse a un riguroso proceso de validación técnica que se sintetiza en la Tabla 3:
Tabla 3. Requisitos de Inscripción y Validación de Idoneidad ante las Entidades Reconocidas de Autorregulación
Este andamiaje garantiza que el usuario de un avalúo cuente con el respaldo de un profesional supervisado que responde civil, disciplinaria y penalmente por la exactitud de sus dictámenes.
3. Las 13 Categorías Oficiales del RAA y Bienes que Comprende Cada Una
La razón fundamental por la cual el Decreto 556 de 2014 subdividió la actividad valuatoria en 13 categorías radica en la especificidad metodológica y técnica de cada activo. No es concebible que los mismos parámetros utilizados para tasar un apartamento en propiedad horizontal (mercado de ofertas comparables y costo de reposición por m2) puedan aplicarse para determinar el valor razonable de una planta termoeléctrica, una marca de consumo masivo, un bosque protector de cuenca hidrográfica o un lote de ganado vacuno en subasta.
A continuación, la Tabla 1 detalla exhaustivamente las 13 categorías oficiales del RAA, los bienes que cubre cada una y los marcos metodológicos que gobiernan su ejercicio en Colombia:
Tabla 1. Las 13 Categorías Oficiales del Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en Colombia (Decreto 556 de 2014)
Como se desprende de la tabla anterior, cada categoría exige un dominio normativo particular: desde el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) y la NSR-10 en inmuebles urbanos, hasta las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF 13, NIC 16, NIC 36 y NIC 38) en maquinaria, intangibles y empresas en marcha.
4. Matriz de Incompatibilidad: Errores Frecuentes y Límites Profesionales
En el ejercicio profesional cotidiano en Colombia, uno de los errores más graves y costosos que cometen los contratantes —frecuentemente por buscar honorarios más bajos o por simple desconocimiento normativo— es contratar a un avaluador inscrito en una sola categoría para valorar activos que corresponden a otra completamente disímil. Esta práctica configura el denominado intrusismo profesional.
El caso más recurrente es el del perito habilitado exclusivamente en la Categoría 1 (Inmuebles Urbanos) que se compromete a emitir avalúos sobre maquinaria industrial, fincas con cultivos tecnificados, estaciones de servicio o marcas comerciales. La Tabla 2 expone los escenarios típicos de incompatibilidad cruzada y sus consecuencias directas:
Tabla 2. Matriz de Incompatibilidad Profesional: Errores Frecuentes de Contratación y Riesgo de Nulidad
Cuando se presenta un informe suscrito por un perito inhabilitado ante un proceso judicial, el apoderado de la contraparte no necesita debatir la cifra económica: basta con aportar el certificado del RAA del perito y solicitar la tacha por falta de idoneidad legal conforme al Artículo 228 del CGP. El juez se verá obligado a descartar el dictamen, dejando a la parte en total indefensión probatoria.
5. Valoración de Activos Mixtos: Reglas de Co-firma y Lotes Homogéneos
En el ámbito corporativo e industrial, es común que una compañía necesite valorar de manera simultánea su planta de producción completa: el lote de terreno, las edificaciones civiles, las subestaciones eléctricas, la maquinaria de procesamiento, la flota vehicular de reparto y las marcas comerciales registradas. ¿Cómo se resuelve legalmente un encargo de esta envergadura?
La normativa colombiana y las mejores prácticas periciales internacionales señalan que en estos proyectos complejos no es admisible un informe genérico firmado por una sola persona (salvo que dicho avaluador posea de forma individual todas las categorías requeridas en su carné del RAA, lo cual es sumamente infrecuente). La solución técnica rigurosa radica en la estructuración por lotes homogéneos y la emisión de dictámenes colegiados con co-firmas especializadas.
La Tabla 5 describe los protocolos operativos que aplicamos en Goods And Services Consulting para garantizar el blindaje de encargos periciales multidisciplinarios:
Tabla 5. Protocolo de Co-Firma y Estructuración de Encargos Periciales Complejos en Goods And Services Consulting
Mediante este protocolo, el informe final consolida los valores en un resumen ejecutivo corporativo, pero cada capítulo analítico cuenta con la firma, cédula, matrícula profesional y certificado RAA del perito especialista responsable. De este modo, el dictamen resulta inexpugnable ante la revisoría fiscal, las entidades bancarias y los tribunales de arbitramento.
6. Diagrama Metodológico: Ruta de Verificación de Idoneidad Pericial en 5 Pasos
Para evitar incurrir en nulidades o pérdidas patrimoniales derivadas de la contratación de peritos no autorizados, recomendamos a directores jurídicos, jefes de crédito y gerentes financieros seguir el siguiente protocolo de auditoría previa en cinco pasos consecutivos:
Protocolo de 5 Pasos para Verificar la Habilitación Legal del Avaluador RAA
Paso 1: Identificación y Desglose de los Activos
Descomponer el encargo corporativo en sus unidades físicas y contables: suelo, construcciones, maquinaria, recursos naturales, intangibles o semovientes.
Paso 2: Exigencia del Certificado RAA al Perito
Solicitar el certificado oficial de registro expedido por una Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) con fecha de expedición no mayor a 30 días.
Paso 3: Verificación Cruzada en la Plataforma RAA
Ingresar al portal público nacional del RAA y comprobar: 1) Vigencia de la matrícula; 2) Ausencia de sanciones activas; 3) Categorías autorizadas.
Paso 4: Auditoría de Coherencia Activo vs. Categoría
Cotejar que cada línea de activo esté respaldada por la categoría correspondiente (ej. Maquinaria = Cat. 7; Rural = Cat. 2; Obras especiales = Cat. 6).
Paso 5: Validación de Co-Firmas y Anexos Obligatorios
Verificar que el informe final incorpore la firma autógrafa o digital certificada, el número de registro RAA y el certificado como anexo indispensable (Art. 14 num. 13 Res. 941).
Dedicar quince minutos a este proceso de debida diligencia pericial antes de formalizar la orden de servicio previene controversias que pueden extenderse durante años en los estrados judiciales.
7. Régimen Disciplinario, Responsabilidad Civil y Consecuencias de Nulidad
La inscripción en el RAA conlleva una serie de deberes jurídicos y éticos ineludibles. La Ley 1673 de 2013 en su Título IV consagra el Régimen Disciplinario aplicable a todos los avaluadores registrados. El profesional no sólo responde administrativamente ante las ERAs y la Superintendencia de Industria y Comercio, sino también patrimonialmente mediante responsabilidad civil extracontractual y penalmente si incurre en conductas delictivas como la falsedad en documento.
La Tabla 4 clasifica las principales faltas éticas y disciplinarias, las sanciones legales a las que se expone el perito infractor y el impacto perjudicial que sufre el cliente contratante:
Tabla 4. Régimen Disciplinario, Faltas Éticas y Sanciones Legales según la Ley 1673 de 2013
Asimismo, los perjuicios económicos derivados de la nulidad de un peritaje son devastadores para las partes involucradas en una disputa patrimonial o un trámite crediticio. La Tabla 6 modela el impacto financiero directo según el tipo de trámite afectado:
Tabla 6. Matriz de Consecuencias Legales y Económicas por Dictámenes Emitidos sin Categoría RAA Habilitada
8. Casos Prácticos de Intrusismo, Tachas Judiciales y Riesgo Financiero
A continuación, presentamos cinco casos reales de la práctica valuatoria en Colombia que demuestran la importancia de exigir peritos con categorías RAA pertinentes y las consecuencias directas de su omisión:
8. Casos Prácticos de Intrusismo, Tachas Judiciales y Riesgo Financiero
La aplicación de metodologías periciales rigurosas resulta indispensable en una amplia variedad de escenarios jurídicos, corporativos e inmobiliarios en Colombia. A continuación, se detallan los casos de uso más frecuentes atendidos por nuestros peritos RAA:
Caso 1: Tacha Judicial de Avalúo en Sucesión con Obras de Arte por Perito Inmobiliario (Bogotá, Circuito Civil)
En un proceso de sucesión de alto patrimonio tramitado en un Juzgado Civil del Circuito de Bogotá, se presentó un inventario de bienes que incluía un inmueble señorial en Rosales y doce óleos sobre lienzo de reconocidos maestros del arte republicano colombiano valorados en conjunto por $4.200 millones COP. El dictamen pericial fue suscrito íntegramente por un prestigioso avaluador inmobiliario inscrito exclusivamente en la Categoría 1 (Inmuebles Urbanos).
El apoderado de una de las partes objetó el dictamen judicial con base en el Artículo 226 y 228 del Código General del Proceso y la Ley 1673 de 2013, demostrando que el perito carecía de habilitación en la Categoría 9 (Obras de Arte, Orfebrería y Bienes Patrimoniales). El juzgado declaró fundada la tacha por falta de idoneidad legal y ordenó designar un nuevo perito especialista. La nueva valoración técnica determinó que dos de las obras eran copias de taller y las restantes tenían un valor real de mercado de $1.850 millones COP. La objeción evitó una adjudicación lesiva con un desequilibrio de más de $2.350 millones COP entre los herederos.
Caso 2: Rechazo de Garantía Bancaria de Línea de Producción Textil por Perito sin Categoría 7 (Medellín, Itagüí)
Una compañía textilera en Itagüí tramitó una línea de crédito de capital de trabajo por $8.000 millones COP ante un consorcio financiero, ofreciendo en hipoteca y prenda industrial una nave fabril con su maquinaria de hilatura y tejeduría circular alemana de última generación. Para agilizar el trámite, el empresario contrató a un avaluador de su confianza que poseía Categoría 1 (Inmuebles Urbanos) pero no la Categoría 7 (Maquinaria Fija y Equipos).
El departamento de control de garantías de la entidad bancaria rechazó el informe pericial en su primer filtro de admisibilidad, invocando el Artículo 5 numeral 6 y Artículo 42 de la Resolución IGAC 941 de 2026. El avalúo tuvo que ser contratado nuevamente con una firma pericial idónea que estructuró un informe colegiado con co-firma de ingenieros especialistas en maquinaria industrial. Aunque el crédito fue finalmente aprobado, la empresa sufrió un retraso de 45 días en el flujo de caja, soportando sobrecostos financieros por demoras en la importación de materia prima.
Caso 3: Nulidad de Avalúo de Predio en Suelo de Protección por Falta de Categoría 3 (Villavicencio, Meta)
Una sociedad agropecuaria adquirió un predio de 300 hectáreas en el piedemonte llanero, de las cuales 180 correspondían a bosque de galería y rondas hídricas clasificadas por el POT como Suelo de Protección y Reserva Forestal Protectora. Para respaldar una capitalización societaria, aportaron un avalúo elaborado por un perito inscrito en Categoría 2 (Inmuebles Rurales), quien valoró todo el terreno con un valor homogéneo de $35 millones COP por hectárea aplicando el método comparativo rural tradicional.
Durante una diligencia ante la Corporación Autónoma Regional (CORMACARENA) y la Cámara de Comercio, el avalúo fue descalificado. Conforme a la legislación colombiana, los suelos de protección y ecosistemas estratégicos demandan la aplicación de métodos de valoración ambiental y de recursos naturales regulados bajo la Categoría 3 (Recursos Naturales y Suelos de Protección). Al revaluar con la metodología correcta de servicios ecosistémicos y restricciones normativas severas, el valor real de la franja protegida se ajustó a su condición de conservación, corrigiendo un asiento patrimonial inflado en más de $3.600 millones COP.
Caso 4: Rechazo Tributario en Aporte de Marca y Software por Perito sin Categoría 11 (Cali, Valle del Cauca)
Una startup tecnológica en Cali realizó un proceso de capitalización mediante el aporte en especie de su software aplicativo y dos marcas comerciales registradas ante la SIC, tasadas por un contador público y avaluador de inmuebles urbanos en $2.500 millones COP. La tasación se realizó mediante una proyección intuitiva de ventas sin aplicar los métodos formales de alivio de regalías ni descomposición de flujos de efectivo bajo NIC 38 e IVS 210.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) desconoció el costo fiscal del activo intangible durante una fiscalización tributaria, argumentando que el perito carecía de registro en la Categoría 11 (Intangibles) del RAA y que el dictamen no reunía la memoria de cálculo exigida por la normatividad pericial. La empresa fue sancionada por inexactitud tributaria con una glosa de $420 millones COP más intereses moratorios, viéndose forzada a contratar una pericia contradictoria especializada para regularizar su balance fiscal.
Caso 5: Valoración Exitosa de Estación de Servicio (EDS) con Co-Firma RAA Categorías 6 y 7 (Barranquilla, Circunvalar)
Un fondo de infraestructura e inversión adquirió una red de cinco Estaciones de Servicio (EDS) sobre la Avenida Circunvalar de Barranquilla por un valor transaccional de $32.000 millones COP. Conscientes de la alta litigiosidad y complejidad de estos activos, contrataron a Goods And Services Consulting para emitir el dictamen pericial definitivo para la banca de inversión.
Nuestro equipo estructuró un encargo pericial multidisciplinario: un avaluador certificado en Categoría 6 (Inmuebles Especiales) tasó el derecho de explotación comercial y el negocio inmobiliario mediante la capitalización del galonaje histórico y ventas de minimercado; en paralelo, un ingeniero mecánico certificado en Categoría 7 (Maquinaria Fija y Equipos) inspeccionó y valoró los tanques subterráneos de doble pared, surtidores electrónicos, plantas de emergencia y sistemas de telemedición con pruebas de hermeticidad. El informe consolidado fue aprobado unánimemente por el comité fiduciario sin una sola observación técnica.
9. Preguntas Frecuentes con Respaldo Normativo
Aclaramos las inquietudes más frecuentes que surgen entre directores jurídicos, auditores y particulares respecto a las categorías del Registro Abierto de Avaluadores:
9. Preguntas Frecuentes Especializadas
Resolvemos las dudas técnicas y jurídicas más críticas que plantean propietarios, directores financieros, administradores de copropiedad y apoderados judiciales al contratar un avalúo especializado en Colombia:
¿Un avaluador con registro en Inmuebles Urbanos puede tasar una finca o un predio agrícola?
No. La Ley 1673 de 2013 y el Decreto 556 de 2014 establecen con total claridad el principio de especialidad por categorías. La Categoría 1 (Inmuebles Urbanos) habilita exclusivamente para valorar predios ubicados dentro del perímetro urbano y de expansión, considerando normativas de POT, régimen de propiedad horizontal y mercados citadinos. Un predio rural exige conocimientos especializados en agrología, clases de suelos agrológicos del IGAC, disponibilidad hídrica, vocación agropecuaria y vuelos forestales, materias que forman parte del examen de idoneidad de la Categoría 2 (Inmuebles Rurales). Un informe rural firmado por un perito urbano carece de validez legal y es causal de tacha pericial por falta de idoneidad.
¿Cómo puedo verificar de forma rápida y gratuita la categoría real de un perito avaluador?
Cualquier persona natural o jurídica puede consultar el Registro Abierto de Avaluadores (RAA) en tiempo real a través del portal público oficial administrado bajo la supervisión de la Superintendencia de Industria y Comercio. Basta con ingresar el número de cédula de ciudadanía o el nombre completo del profesional. La plataforma arroja de inmediato el estado del registro (Activo, Inactivo o Sancionado), la Entidad Reconocida de Autorregulación (ERA) a la que pertenece y la lista taxativa de las categorías en las que acreditó idoneidad profesional. Si la categoría correspondiente al bien que usted desea tasar no figura en la lista, el perito no está facultado legalmente para asumir el encargo.
¿Qué ocurre si una empresa necesita tasar un inmueble que contiene maquinaria pesada?
En estos casos frecuentes en el sector industrial, la Resolución IGAC 941 de 2026 (Art. 42) y las normas periciales colombianas prohíben que un único perito sin las competencias debidas asigne un valor global al conjunto. Lo legalmente correcto y técnicamente riguroso es estructurar un peritaje con co-firmas o bajo la modalidad de lotes homogéneos: el suelo y las construcciones civiles deben ser tasados y firmados por un avaluador con Categoría 1 (Inmuebles Urbanos), mientras que la maquinaria pesada, equipos industriales y líneas de producción deben ser inspeccionados y firmados por un avaluador con Categoría 7 (Maquinaria Fija y Equipos). Ambos peritos adjuntan sus respectivos certificados RAA al informe consolidado.
¿Cuáles son las sanciones para un perito que firma un avalúo fuera de sus categorías autorizadas?
Incurre en la falta disciplinaria gravísima de intrusismo profesional tipificada en el Código de Ética de la Ley 1673 de 2013. Las Entidades Reconocidas de Autorregulación (ERAs) y la Superintendencia de Industria y Comercio tienen facultades para abrir investigación disciplinaria formal, la cual puede culminar en la suspensión temporal de la matrícula profesional de 6 meses a 2 años, o incluso la cancelación definitiva del registro en el RAA en casos de reincidencia o fraude manifiesto, además de multas económicas de hasta 200 SMLMV. Adicionalmente, el avaluador responde patrimonialmente bajo responsabilidad civil extracontractual por los perjuicios económicos causados a las partes contratantes.
¿Qué diferencia existe entre la Categoría 11 (Intangibles) y la Categoría 12 (Intangibles Especiales)?
La Categoría 11 comprende la valoración de activos intangibles identificables de orden comercial y corporativo convencional, tales como marcas comerciales registradas, patentes de invención, modelos de utilidad, software aplicativo, bases de datos y relaciones contractuales con clientes, tasados fundamentalmente bajo metodologías financieras de la NIC 38 (Alivio de Regalías o Descuento de Flujos). Por su parte, la Categoría 12 (Intangibles Especiales) está reservada para contingencias económicas de alta litigiosidad y complejidad jurídica, tales como la liquidación pericial de daño emergente, lucro cesante, servidumbres complejas de oleoductos y gasoductos, concesiones mineras y derechos litigiosos en pleitos arbitrales nacionales e internacionales.
10. Conclusiones y Aseguramiento Técnico Corporativo
La correcta selección del avaluador comercial y pericial en Colombia ya no es un asunto que deba dejarse al azar ni guiarse exclusivamente por el criterio de la cotización económica más baja. En el marco de la Ley 1673 de 2013, el Decreto 556 de 2014 y la flamante Resolución IGAC 941 de 2026, la validez probatoria y financiera de cualquier tasación se encuentra indisolublemente vinculada a la idoneidad específica certificada en el Registro Abierto de Avaluadores (RAA).
Verificar que el profesional cuente con la categoría exacta para el tipo de activo a valorar —sea urbano, rural, infraestructura, maquinaria, semovientes o intangibles— y exigir como anexo obligatorio el certificado vigente es el único camino para garantizar dictámenes inexpugnables ante los comités bancarios de crédito, las auditorías de revisoría fiscal NIIF y los tribunales de justicia.
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